La transición energética como eje estratégico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Tras un intenso trabajo por parte de los diferentes departamentos ministeriales y Administraciones Públicas, el Gobierno de España remitirá en los próximos días a la Comisión Europea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de nuestro país.

Dada la importancia que tiene su puesta en marcha para la recuperación económica, y considerando el hecho de que gran parte de los fondos debe ejecutarse en solo dos años, resulta esencial que la Comisión Europea otorgue cuanto antes su aprobación definitiva y que las Administraciones Públicas españolas agilicen el ritmo de publicación de las respectivas convocatorias de ayudas y licitaciones.

El sector energético ocupa un protagonismo estratégico en este Plan, ya que una de las cuatro líneas directrices del mismo es la “España Verde” y, a su vez, el logro de una transición energética justa constituye una de las políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo.

En particular, de los 140.000 millones aprobados por la Unión Europea para España, un 37% corresponde a acciones de clima y de las siete recomendaciones de la Comisión Europea para el uso de los fondos, tres corresponden directamente al sector energético y al menos otras dos indirectamente, como la digitalización o la formación.

En este contexto, se calcula que España necesitará invertir más de 200.000 millones de euros hasta 2030 para llevar a cabo la transición energética, destacando las inversiones en tecnologías renovables (38%), la eficiencia energética (35%) y la electrificación y redes (24%). Conviene recordar que se trata de inversiones generadoras de empleo (incluido en zonas rurales) y que promoverán el tejido empresarial doméstico (a título de ejemplo, el 90 por 100% de los desarrollos de redes eléctricas se llevan a cabo por empresas nacionales).

Por ello, resulta de vital importancia contar con dos requisitos. Por un lado, una buena regulación, que dé certidumbre a medio plazo a los inversores y, por otro, un uso adecuado de los fondos europeos, para que éstos se dirijan efectivamente a la reconstrucción o modernización de sectores existentes o a la creación de nuevos sectores de futuro y no a otros fines.

En el ámbito de la regulación, debemos destacar la aprobación la semana pasada por parte del Congreso del Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, lo que supone un hito histórico para España.

Entre las enmiendas introducidas es preciso mencionar la elevación de los objetivos mínimos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (23% respecto del año 1990), de penetración de energías renovables (42% en el consumo de energía final y 74% en el sistema eléctrico) y de mejora de la eficiencia energética (reducción del consumo de energía primaria en cerca del 40%).

De igual modo, se consagra el objetivo de neutralidad climática y de un sistema eléctrico totalmente renovable para 2050.

Además, con el fin de promover el cumplimiento de los objetivos de la ley, el Gobierno y la CNMC impulsarán una reforma del marco normativo para incluir aspectos como la participación de los consumidores en los mercados energéticos, el acceso de los consumidores de energía a sus datos, las inversiones en generación distribuida, el almacenamiento o los mercados locales de energía.

También se habilita al Gobierno para tomar acciones de impulso a la digitalización de la economía que contribuyan a lograr los objetivos de descarbonización, en el marco de la estrategia España Digital 2025.

Por otra parte, dado que el sector transporte es responsable de un cuarto del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, se regula la necesidad de integración de energías renovables, biocarburantes y gases renovables en el transporte y se promueve la movilidad sostenible y las infraestructuras de recarga; así mismo, con la finalidad de conseguir edificios más eficientes, se fomenta el uso de materiales con la menor huella de carbono posible y la introducción de energías renovables en la rehabilitación de viviendas (instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propietarios y sistemas de calefacción y refrigeración libres de emisiones).

Entre las disposiciones adicionales, destaca el Plan de reducción de consumo energético en la Administración General del Estado, que presentará el IDAE, así como la constitución de un grupo de expertos para evaluar una reforma fiscal, que valorará también la fiscalidad verde (en ese ámbito, se clarifica que, en todo caso, las modificaciones que se introduzcan irán acompasadas con la situación económica).

Por último, destaca una disposición final, por la que se establece que el gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, establecerá la tipología de empresas que deberán calcular y publicar su huella de carbono.

Este Proyecto de Ley, que continuará su tramitación parlamentaria en el Senado sin necesidad de pasar previamente por el Pleno del Congreso, viene acompañado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y de diversas normas y hojas de ruta (nuevo sistema retributivo de las renovables, acceso y conexión, hidrógeno verde y almacenamiento, etc). Esta gran actividad regulatoria y de planificación es fruto del esfuerzo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la CNMC, y permitirá dar la necesaria certidumbre a los inversores para alcanzar con éxito los ambiciosos objetivos climáticos de nuestro país.

En este contexto, también será esencial contar con los fondos europeos. Ya se han publicado diversas Manifestaciones de Interés en el sector (sobre hidrógeno verde, redes inteligentes, movilidad eléctrica, sostenibilidad en islas, energías renovables, etc), que, pese a no otorgar derechos y obligaciones, permiten conocer los objetivos que se buscan y el interés concreto de las empresas y las instituciones. Sin embargo, habrá que esperar a las respectivas convocatorias para tomar las decisiones apropiadas.

En definitiva, nos encontramos en un momento clave para reflotar nuestra economía y aprovechar nuestras ventajas competitivas en un sector muy relevante, como es el energético.

Un buen uso de los fondos europeos nos brinda la oportunidad de lograr un modelo económico más sostenible y de mayor valor añadido, en el que todos los agentes, tanto del sector público como del sector privado, debemos estar involucrados.

Desde EY tenemos el firme compromiso de hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta extraordinaria oportunidad se transforme cuanto antes en una realidad, pensando de forma muy especial en las generaciones futuras.